El encarcelamiento de Juani Rishmawi y el uso del covid contra Palestina

El encarcelamiento de Juani Rishmawi y el uso del covid contra Palestina

Republicado desde InfoLibre:

Por Daniel Lobato | Liliana Córdova | Jaldía Abubakra

La trabajadora de la salud Juana Ruiz, Juani Rishmawi, española y palestina, lleva desde el 13 de abril encarcelada por Israel junto con otras dos compañeras de los Comités de Trabajo de la Salud (Health Work Committees). Tras varias semanas sin cargos, Israel ha desvelado el esperpento, y la va a acusar de dirigir una trama financiera terrorista. Juani ha conseguido fondos de ONG y gobiernos autonómicos españoles para que los centros de atención primaria palestinos hayan podido seguir tratando la salud básica en Palestina durante estas décadas, y especialmente durante la pandemia de COVID.

El contexto que motiva este grosero montaje judicial es la posición cada vez más acorralada de Israel en distintos planos, aunque pueda parecer lo contrario si nos guiamos por los publirreportajes que los medios occidentales hacen de Tel Aviv. Un acorralamiento progresivo en lo geopolítico, a pesar de sus acuerdos y fotos con las monarquías feudales del Golfo, y un acorralamiento creciente en lo político y social, a pesar del cabildeo de sus lobbies en los gobiernos y tribunales de occidente. La acusación de ser un régimen de apartheid ya llega incluso por una ONG como Human Rights Watch: y el crimen de apartheid es un delito de lesa humanidad. Un apartheid sistémico que se ha manifestado con todo su sadismo durante la pandemia del covid-19, utilizando el virus como un arma contra Palestina. Eso sí es terrorismo de Estado junto a otros crímenes israelíes que ya están en la Corte Penal Internacional.

Pero antes de entrar a detallar este castigo colectivo israelí a la población palestina con el virus, del que forma parte el encarcelamiento de Juani, hay que conocer la maquinaria represiva que se ha arrojado sobre ella.

Israel ha seguido el procedimiento aplicado a las personas palestinas: detención de madrugada, por un destacamento militar, sin cargos, sin juicio, sin asistencia legal, sin visitas, con traslados inesperados entre centros de detención a cualquier hora y en malas condiciones, y en muchas ocasiones con tortura física o psicológica. Hasta que los tribunales militares deseen. A Juani quizá la liberen mañana, o quizá dentro de seis meses o dos años.

Porque Juani, al igual que los cinco millones de civiles palestinos y palestinas de los guetos de Cisjordania y Gaza, está sometida a las decisiones arbitrarias de los tribunales militares israelíes en esos territorios. Con un índice de condenas del 99,7% en caso de ir a juicio. Para ser preciso, lo tienen aún peor los palestinos encerrados en el gueto de Gaza contra su voluntad (y contra la legalidad internacional): toda la población de Gaza, incluidos las niñas y niños, pueden ser considerados “combatientes ilegales” por los tribunales y se les aplican leyes aún más duras.

La desinformación o manipulación de la mayoría de medios de comunicación nos hace pensar que en los guetos de Cisjordania y Gaza debería regir la administración indígena subcontratada por Israel y occidente para esas reservas nativas, llamada Autoridad Palestina. Quien manda de verdad en esos territorios es el gobernador militar israelí designado en cada momento por Tel Aviv, y que siempre está en el anonimato mediático. Esos gobernadores militares han promulgado durante décadas órdenes militares sucesivas, que son aberrantes bajo la lupa de la legalidad internacional, las cuales han erigido los muros jurídicos de la dictadura militar que es la administración colonial israelí sobre los guetos. A la par, también se construía el ilegal muro de hormigón que encierra Cisjordania y Gaza. 800.000 personas palestinas han sido encarceladas o arrestadas de esta forma desde 1967, y 80.000 en los últimos 20 años. Una media de más de 10 personas al día. Siempre hay entre 150 y 200 menores encarcelados, también por tribunales militares.

Juani es española y es palestina. 35 años trabajando por la salud en los centros de atención primaria. En su condición de palestina está sufriendo el opresivo trato destinado a cualquier otra persona palestina. En su condición de española quizá tenga suerte, y las gestiones diplomáticas aceleren su libertad.

Pero Juani tiene una tercera identidad: la de trabajadora de la salud. Lo que reafirma el caso de Juani y sus compañeras que se han dejado toda una vida trabajando por la salud en Palestina es la utilización por Israel de la pandemia de covid como un arma biológica contra los guetos palestinos.

Mientras Israel es exaltado de forma obscena en los medios occidentales por su exitosa campaña de vacunación, se han ocultado los crímenes que ha perpetrado utilizando el virus.

Israel es la potencia ocupante reconocida internacionalmente de los territorios palestinos de Jerusalén Este, Gaza y Cisjordania. Al poco tiempo de comenzar la pandemia, Israel cerraba en Silwan, Jerusalén Este, una clínica palestina que realizaba test, anunciando su estrategia de castigo colectivo con el covid a la población palestina, incluyendo a los miles de presos políticos palestinos en cárceles israelíes.

Ante el abandono sanitario israelí a Jerusalén Este, numerosas ONGs se organizaron para conseguir habilitar dos hoteles como hospitales de campaña, gestionar una línea telefónica covid en árabe y poner una demanda al Tribunal Supremo Israelí para forzar que Tel Aviv realizase test PCR en Jerusalén Este y a poblaciones palestinas dentro de Israel, como los beduinos del desierto del Naqab/Negev. Pero la estrategia israelí prosiguió, y equipos de desinfección palestinos en la ciudad y en Cisjordania fueron arrestados. Precisamente en Cisjordania, la casi inexistencia de tests covid obligó a la Autoridad Palestina a decretar el confinamiento antes de que lo implantase Israel. En ese momento, el 80% de los casos detectados en Cisjordania eran trabajadores palestinos en el Estado israelí, quienes cada madrugada salen del gueto y cada noche regresan, sin que Tel Aviv les dedicase la mínima atención sanitaria, al contrario, forzando a los que estaban enfermos a regresar al gueto sin advertir a la administración indígena palestina.

Durante este tiempo de pandemia, Israel ha multiplicado la destrucción de infraestructuras palestinas en su proceso histórico de guetificación indígena y limpieza étnica a cámara lenta, incluyendo una clínica de campaña en el Valle del Jordán, o centros de detección de covid. En todo este período, Netanyahu estaba más ocupado en su bucle electoral y en anunciar que iba a declarar como anexada casi toda Cisjordania, la cual por otro lado está anexada de facto. La lista de agresiones israelíes es ingente contra los precarios esfuerzos sanitarios palestinos en la lucha contra el covid.

Pero lo más grave estaba por llegar con el desarrollo de las vacunas. La negación por Israel de vacunas a la población palestina de los guetos de Gaza y Cisjordania supone una violación muy grave del derecho internacional, específicamente del IV Convenio de Ginebra por el que la potencia ocupante debe proveer de los servicios sanitarios a la población ocupada. Además de este nuevo crimen de apartheid, el régimen israelí impidió la entrada del primer lote de vacunas Spunik V a Gaza, adquiridas por los palestinos a través del mecanismo COVAX, el cual ofrece al resto del planeta las migajas sobrantes de la rapiña de vacunas covid llevada a cabo por los países del norte global. En esa rapiña, Israel acumuló un sobrante de vacunas, negadas de nuevo a los palestinos, y destinadas a premiar a las élites gobernantes de algunos países que aplauden las vulneraciones israelíes de la legalidad internacional.

Este es el contexto en el que nuestra amiga Juana Ruiz, Juani Rishmawi, y sus dos compañeras de los Comités de Salud han sido encarceladas. Ella ha sido una pieza más dentro de la maquinaria israelí de utilización del covid como oportunidad de arma biológica contra la población palestina, en medio de un apartheid sistémico, el cual lleva siendo denunciado hace décadas por los palestinos, hace unos años por la ONU, y por fin recientemente, por ONG israelíes e internacionales.

Exigimos su liberación inmediata; exigimos la liberación inmediata de todas las presas y presos políticos palestinos; y exigimos que esta sucesión de crímenes contra la población palestina sea añadida a la causa que el Tribunal Penal Internacional ha emprendido contra Israel; también exigimos a los Estados del mundo que finalicen su impunidad, y que por medio de las sanciones y el boicot obliguen a Israel a acatar la legalidad internacional.

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Daniel Lobato (activista solidaridad palestina), Liliana Córdova (activista judía antisionista) y Jaldía Abubakra (activista hispano-palestina) son integrantes de la Red Samidoun en solidaridad con las presas y presos palestinos